Canal de Denuncia

El Canal de Denuncia es una herramienta que permite encauzar las denuncias realizadas a una entidad alertando sobre una supuesta mala conducta, garantizando la confidencialidad y seguridad del denunciante.

Este canal de comunicación interno debe permitir comunicar, ya sea de forma escrita o verbal, cualquier acción u omisión que pueda constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea o infracción penal o administrativa grave o muy grave.

Sector Público

Todas las entidades del sector público están obligadas a implantar un canal de denuncia también conocido como sistema interno de información.

Sector Privado

Las personas físicas o jurídicas con 50 o más trabajadores.
Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia del número de trabajadores.
Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

¿Qué sujetos están obligados a implantar el canal de Denuncias?

¿Cuáles son las sanciones por no implantar un Canal de Denuncia?

Los sujetos obligados a contar con un canal de denuncia que no lo implanten, recibirán una infracción considerada muy grave y llevará aparejada la imposición de multas con una cuantía de 30.001 hasta 300.000 euros si el responsable del incumplimiento es una persona física y entre 600.001 y 1.000.000 de euros si es una persona jurídica.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) puede prohibir la obtención de subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años. También puede prohibir contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años.