¿Qué implica esta ley para el sector alimentario?

Planes obligatorios para evitar el desperdicio

Todas las empresas del sector —productores, distribuidores, supermercados, hostelería, etc.— deberán diseñar planes de prevención de pérdidas alimentarias. Estos documentos analizarán las causas del desperdicio y propondrán soluciones técnicas y sostenibles para reducirlo. Aunque existen excepciones para las pequeñas empresas, la mayoría deberá contar con sistemas de seguimiento y evaluación periódica.

Donación prioritaria de alimentos

Uno de los pilares de la ley es que los alimentos no vendidos, pero aún aptos para el consumo, deberán donarse a entidades sociales. La industria alimentaria, que ya realizaba donaciones de forma voluntaria, deberá formalizar estos acuerdos, garantizando que ningún alimento viable acabe en la basura sin antes intentar su redistribución.

Y si no es posible donar, las empresas deberán priorizar su uso para alimentación animal, compostaje o producción de biocombustibles.

Supermercados: vender alimentos “feos” y con descuento

Las grandes superficies deberán habilitar espacios específicos para vender productos próximos a su fecha de caducidad o con defectos estéticos. Esta medida busca fomentar un consumo más responsable y romper el estigma sobre los alimentos “no perfectos”, que muchas veces acaban desechados sin justificación real.

Hostelería: obligación de ofrecer envases para llevar las sobras

A partir de ahora, todos los bares y restaurantes deberán facilitar envases —preferiblemente reutilizables o reciclables— para que los clientes puedan llevarse la comida que no hayan terminado. Este servicio será gratuito, salvo que el envase sea de plástico, en cuyo caso deberá cobrarse según la Ley de Residuos.

Régimen sancionador

La normativa contempla sanciones económicas que pueden ir desde los 2.000 euros para infracciones leves hasta 500.000 euros en casos graves. Aunque se busca promover la prevención más que castigar, el marco legal deja claro que el incumplimiento tendrá consecuencias.

Un triple impacto: social, ambiental y económico

Según el Ministerio de Agricultura, reducir el desperdicio tiene un impacto directo en tres frentes:

• Social: más alimentos disponibles para personas en situación vulnerable.
• Ambiental: menos emisiones y consumo de recursos naturales.
• Económico: mayor eficiencia en la gestión empresarial y ahorro de costes.

Un plan nacional como hoja de ruta

El Ministerio de Agricultura se encargará de coordinar el Plan Nacional de Control del Desperdicio Alimentario, un documento que marcará las prioridades y objetivos de las tareas de vigilancia y control en todo el país. Esta estrategia busca no solo reducir los residuos, sino también optimizar la eficiencia de la cadena alimentaria.

Retos por delante

Aunque la norma supone un gran avance, diversas voces del sector han señalado algunas carencias. Por ejemplo, se echa en falta una mayor exigencia en cuanto a la medición y análisis del desperdicio en todos los eslabones. Tampoco se han incluido obligaciones claras para los consumidores, cuando se sabe que en los hogares es donde más comida se tira.