El entorno laboral ha dado un paso firme hacia la diversidad y la inclusión. Desde el pasado 10 de abril de 2025, todas las empresas en España con más de 50 trabajadores están obligadas a contar con un plan LGTBI aprobado, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1026/2024.
Esta normativa, aprobada en Consejo de Ministros tras un acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, busca garantizar la igualdad de trato y erradicar la discriminación hacia las personas LGTBI en el entorno laboral.
¿En qué consiste esta nueva obligación para las empresas?
El Real Decreto tiene como objetivo establecer un marco regulador claro que garantice la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el ámbito laboral. Para ello, las empresas afectadas deben elaborar e implementar un plan que contemple:
- Cláusulas de igualdad y no discriminación, con mención explícita a la orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.
- Medidas para el acceso igualitario al empleo, con formación específica a los responsables de selección.
- Promoción profesional y clasificación de puestos basada en criterios objetivos.
- Acciones formativas y de sensibilización sobre derechos LGTBI, dirigidas a toda la plantilla.
- Políticas activas que fomenten entornos diversos e inclusivos.
- Garantías de igualdad en permisos y beneficios sociales, incluyendo a parejas LGTBI y familias diversas.
Un protocolo obligatorio contra el acoso y la violencia
Además del plan LGTBI, las empresas deben implementar un protocolo frente al acoso y la violencia hacia personas LGTBI. Este protocolo debe contemplar medidas preventivas, mecanismos de detección, procedimientos de actuación ágiles, medidas cautelares y garantías para las víctimas, todo ello con respeto a la confidencialidad y la dignidad.
¿Qué ocurre si una empresa no cumple con la normativa?
El incumplimiento del Real Decreto puede suponer sanciones importantes para las compañías. Las multas pueden alcanzar los 225.000 euros e incluso provocar la exclusión de ayudas públicas o la imposibilidad de contratar con la Administración Pública.
El primer acuerdo tripartito de la legislatura.
La aprobación de esta norma ha sido el resultado de un acuerdo de diálogo social entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos y la patronal. Es el primer acuerdo tripartito logrado en esta legislatura y tiene como meta sentar las bases para un entorno profesional más justo y seguro para todos.
Según Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo: “En los lugares de trabajo pasamos gran parte de nuestra vida, y por ello es urgente una herramienta que ataje cualquier forma de discriminación”.
Una medida que refuerza el compromiso empresarial
Para algunas organizaciones, como Fundación ONCE, esta normativa ha supuesto un paso natural en su cultura corporativa. Virginia Carcedo Illera, secretaria general de la fundación, destaca que este Real Decreto ha sido «un impulso para seguir avanzando», permitiéndoles consolidar su estrategia interna de diversidad e integrar de forma sistemática el respeto, la inclusión y la no discriminación como ejes vertebradores.
El siguiente paso: formación y seguimiento
Desde Fundación ONCE también han identificado dos elementos clave para que esta normativa tenga un impacto real:
- La implementación y seguimiento efectivo de las medidas. No basta con redactar documentos; es necesario asegurar que se aplican correctamente y se evalúa su eficacia.
- Formación a toda la plantilla, en especial a mandos intermedios y directivos, quienes desempeñan un papel fundamental en trasladar los valores de igualdad al día a día de la organización.
Una oportunidad para transformar la cultura organizativa
Esta normativa representa más que una obligación legal. Es una oportunidad para que las empresas adopten una cultura inclusiva de forma estructural, alineándose con los principios de diversidad y derechos humanos. Para muchas organizaciones, puede suponer el punto de partida para construir entornos más justos y equitativos.
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